Paralelamente al agravamiento de la situación social, en la Argentina se fue produciendo una significativa transformación del Estado que dio lugar a un nuevo modelo de intervención social. Porque en la década del ’90 se avanzó con la desregulación del mercado de trabajo, se flexibilizaron las condiciones de contratación de los trabajadores y se redujeron los costos del despido. Se sumó a esto un deterioro importante en la calidad de los servicios básicos de salud y educación y la seguridad social sufrió una transformación radical, con la privatización del sistema de previsión social.

La puesta en marcha de programas focalizados para paliar la pobreza no modificó la situación de exclusión sufrida por la sociedad argentina, aún a pesar de ciertas condiciones de reactivación económica asociada directamente al funcionamiento macroeconómico del país.

Ningún análisis serio podría obviar los significativos cambios producidos sobre la estructura y las reglas de funcionamiento de la economía, producto de la privatización de los activos del Estado, la reducción del aparato estatal, la desregulación y la apertura externa, que si bien tuvieron efectos positivos en el crecimiento del producto, no generaron los mismos efectos sobre la calidad de vida de la población.

La gran contradicción aparece entre crecimiento económico-empleo-disminución de la pobreza, impactando sobre la cuestión social de exclusión, porque el nuevo paradigma, impulsado también desde los organismos internacionales, se propuso para la gestión de la política social, una visión “residual”, sosteniendo que al Estado le correspondía actuar allí donde el mercado no llegaba. Pero el mercado y la iniciativa privada actuando libremente, no constituyeron mecanismos eficientes y el gasto social focalizado en diferentes grupos vulnerables, produjo errores de inclusión y de exclusión, que luego fueron reparados en parte por las políticas masivas y de emergencia implementadas por el Gobierno provisional en 2002.

A finales de los ’90 había 76 programas focalizados y gestionados desde el Gobierno para atender la pobreza, pero la crisis de 2001, exigió la reorientación de los fondos disponibles y el lanzamiento de tres megaprogramas de emergencia, como el “Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados”, el “Programa de Emergencia Alimentaria” y el Programa Remediar”. El primero a cargo el Ministerio de Trabajo, el segundo implementado desde el Ministerio de Desarrollo Social y el último a cargo del Ministerio de Salud.