“El desarrollo del microcrédito debe estar incluido en una política social integradora. Lo contrario es ofrecer una herramienta social, como un insumo más de la política social, innovadora pero sin impacto social. Nuestro desafío es lograr sociedades sostenibles, buscando el desarrollo humano desde un compromiso solidario”

Por ALICIA KIRCHNER *

Siempre sostengo que el eje de la política social es trabajar en los derechos de las personas y familias con equidad territorial y que el abordaje debe ser integral. Derecho de la persona a desarrollarse, a sus vínculos, desde la participación que dignifica. El modelo neoliberal fortaleció el individualismo hasta el hartazgo. Colocó a la macroeconomía como indicador absoluto del desarrollo de nuestras sociedades y bancarizó al país, pero para unos pocos. Desde la gestión encarada por el presidente Néstor Kirchner, el Estado, sin descuidar los indicadores del crecimiento económico, pone como centro al hombre con sus realidades y necesidades.

Nadie discute que el acceso a los servicios de educación, salud, empleo, seguridad social, infraestructura y servicios básicos, son fundamentales para desarrollar un país. Crear patrimonio familiar y comunitario es favorecer un camino de inclusión. Que cada familia tenga por ejemplo, insumos y herramientas cuando desarrollan emprendimientos productivos es una necesidad, pues ello les va a representar la posibilidad de generar ingresos y adquirir patrimonio familiar. Por eso apuntar al acceso al crédito para quienes no tienen garantías patrimoniales es un desafío. Trabajar este acceso desde garantías solidarias es volver a crear confianza, respetarnos y crear lazos precisamente solidarios. Queremos instalar herramientas para que otros puedan, porque estamos convencidos que generando igualdad de oportunidades se efectiviza la Justicia Social.

El microcrédito es original en su misma esencia e implementación. Aporta a la realidad social de cientos y cientos de emprendedores que tuvieron que poner en juego su esfuerzo, canalizando sus capacidades como respuesta a la marginación social y la insolidaridad del modelo. Esta no es una mera caracterización ideológica, todos debemos tener memoria sobre tres décadas de pérdida de derechos con una crisis como la de 2001-2002, que entrampó a los argentinos, en una pérdida de identidad. Gracias a Dios a partir de 2003 esto se empezó a revertir.

Cuando presentamos en el Congreso el proyecto de Ley de Microcrédito, ahora aprobado, no lo hicimos como una cuestión voluntarista ni especulativa. Nuestros equipos habían evaluado ya que los pequeños emprendimientos comenzados desde hacía dos años, tenían que garantizar su continuidad en el tiempo y su propia sustentabilidad en una política social mayor, en concordancia con el desarrollo del país, con los pequeños emprendedores. Era necesario avanzar con los emprendedores no sujetos a créditos bancarios y hacerlo desde una economía solidaria.

Por eso, el Gobierno nacional hizo un aporte importante en fondos para la concesión de microcréditos, para que no se diluya en la nada, sino que tenga sustentabilidad en todo el territorio, mediante una política de respeto a las identidades regionales.

Cuando estábamos discutiendo la propuesta, logramos reunir a las organizaciones de microcrédito en intensas jornadas para debatir el proyecto que finalmente fue aprobado, porque quisimos su aporte genuino. Sabemos que el microcrédito es una herramienta social, no la única por cierto, porque no nos gusta trabajar con esquemas únicos, rígidos, que a la postre no servirían para permitir acceso e inclusión social. El microcrédito debe contribuir a generar patrimonio, pero sobre todo dignidad y eso se construye a escala humana desde el desarrollo de indicadores micro-económicos y sociales. El microcrédito, con una fuerte presencia de organizaciones de la sociedad civil y del Estado, será un aporte para mejorar la calidad de vida y lograr sociedades sostenibles desde la solidaridad, junto al desarrollo de Capital Social.

Concluyendo, la política social debe ser una política trabajada desde construcciones participativas, con eje en el territorio, respetando derechos y obligaciones. La participación no se termina en el voto y sin participación no se produce el desarrollo. Ante se caminaba sólo hacia la asistencia, la emergencia y, aisladamente, en programas focalizados y como tal reduccionistas, hacia la prevención y la promoción. Y la economía social, es más que un programa, es una acción concreta que se suma a todas las líneas que hemos ido construyendo desde el territorio. Tampoco queremos que se traslade el microcrédito al sector lucrativo, porque no es ese el objetivo. No venimos a instalar un banco de crédito financiero, buscamos la promoción de la persona.

Cuando nos ponemos a trabajar en cada territorio, queremos ver qué recursos tiene la región y las capacidades humanas. En esa proyección asistimos técnica y financieramente, porque un país no se pone de pie solo es necesario un fuerte aporte del Estado. Estamos convencidos que organizando unidades productivas de servicios, tomando en cuenta el perfil socio-productivo de cada región, estamos consolidando que la gente tenga acceso a una economía social integrada, dejando atrás la sociedad de los excluidos.

Gobierno y país estamos apostando al crecimiento, pero eso se hace a través de organizaciones y de un Estado presente, articulando entre Nación, provincia y municipios, donde lo social y lo económico vayan juntos. No queremos que se siga haciendo economía para pobres, queremos trabajar con los argentinos de menores recursos para promoverlos y que se incluyan dignamente a este nuevo país que tenemos que construir entre todos. Así construimos también nueva ciudadanía, restituyendo el acceso a los derechos.